Un juicio sin jurado comenzó este lunes en Nuevo México contra Meta, matriz de Instagram, para determinar si sus prácticas constituyen una “molestia pública” al no proteger adecuadamente a menores de edad frente a depredadores en sus plataformas.
El caso, que se desarrolla ante el juez Bryan Biedscheid, surge de una demanda presentada por el fiscal general Raúl Torrez, quien acusa a la compañía de diseñar productos como Facebook, Instagram y WhatsApp para generar adicción entre jóvenes, además de no protegerlos adecuadamente frente a riesgos como la explotación sexual.
La fase actual del juicio se centra en determinar si las prácticas de la empresa constituyen una “molestia pública” bajo la ley estatal, lo que abriría la puerta a imponer cambios estructurales en sus plataformas. De confirmarse, el fallo podría obligar a Meta a rediseñar funciones clave de sus servicios, al menos dentro del estado.
Un caso con implicaciones millonarias y regulatorias
Este proceso judicial marca la segunda etapa de una disputa legal que ya dejó consecuencias para la compañía. En marzo, un jurado concluyó que Meta violó leyes de protección al consumidor al tergiversar la seguridad de sus plataformas para usuarios jóvenes, ordenando el pago de $375 millones de dólares en daños.
Ahora, la fiscalía busca sanciones mucho más amplias. De acuerdo con documentos judiciales, el estado podría solicitar miles de millones adicionales, estimados en hasta $3,700 millones de dólares, destinados a financiar programas de salud mental para adolescentes durante los próximos 15 años.
Además de la compensación económica, las autoridades plantean medidas como verificación estricta de edad, eliminación de funciones como el desplazamiento infinito y la reproducción automática para menores, así como ajustes en los algoritmos para priorizar contenido considerado seguro.
El fiscal Torrez ha insistido en que el caso va más allá del dinero. Según dijo en días recientes, el objetivo es obligar a las grandes tecnológicas a asumir responsabilidad por el impacto de sus productos en la salud mental y seguridad de los jóvenes.
Meta advierte posibles consecuencias y niega acusaciones
La defensa de Meta sostiene que muchas de las exigencias del estado son “tecnológicamente inviables” y podrían afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión. En documentos presentados ante el tribunal, la empresa también afirmó que ya ha implementado múltiples herramientas para proteger a menores.
Un portavoz de la compañía criticó que el enfoque del estado se centre en una sola empresa, ignorando el ecosistema digital más amplio en el que interactúan los adolescentes. Asimismo, advirtió que, de imponerse ciertas condiciones, Meta podría considerar retirar sus servicios del estado.
El juicio también ha puesto sobre la mesa testimonios de familias que atribuyen a las redes sociales situaciones de riesgo para menores, incluyendo casos de acoso, contacto con depredadores y exposición a contenidos peligrosos. Estos relatos han sido utilizados por la fiscalía para reforzar su argumento de que existe un daño colectivo que justifica la intervención judicial.
El resultado del caso es seguido de cerca por autoridades en todo el país. Más de 40 estados y cientos de distritos escolares han impulsado demandas similares contra empresas tecnológicas, buscando cambios estructurales en la industria.
Un fallo en favor de Nuevo México podría sentar un precedente nacional, redefiniendo los límites legales de las plataformas digitales y su responsabilidad en la protección de menores en Estados Unidos.
Información de La Opinión
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