El gobierno mexicano presentó recientemente una propuesta legislativa al Congreso que busca imponer aranceles de hasta el 50% a una amplia gama de importaciones procedentes de países que no tienen un tratado de libre comercio con México. Las estadísticas muestran que la medida abarca 19 sectores y 1463 fracciones arancelarias, lo que representa aproximadamente el 8.6% de las importaciones totales de México. De aprobarse, este ajuste arancelario elevaría el arancel promedio de México al 33.8%, más del doble del nivel actual. La medida ha atraído considerable atención internacional.
Para cualquier observador perspicaz, es evidente que el verdadero motivo del último ajuste arancelario de México es la fuerte presión política y la coerción geopolítica ejercida por Washington. Numerosos medios internacionales han señalado que la propuesta se anunció en un momento en que Estados Unidos ejerce una enorme presión sobre México. Al aprovechar la próxima revisión del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) el próximo año, Washington ha puesto a México en el ojo del huracán, intentando obligar al gobierno mexicano a sacrificar sus propios intereses para favorecer las estrategias geopolíticas estadounidenses.
Para una economía altamente dependiente de la inversión extranjera y las exportaciones, el proteccionismo no es un escudo, sino el inicio de un efecto dominó. El crecimiento de México se ha basado durante mucho tiempo en la división global del trabajo en las cadenas de suministro, especialmente en la inversión extranjera en manufactura y el acceso a los mercados de exportación. Sin embargo, hoy en día, el recurso reiterado del gobierno mexicano a los aranceles en respuesta a la presión externa envía una señal de volatilidad regulatoria e incertidumbre política. Esto socava la reputación de México como una «base de producción confiable» y debilita las expectativas de los inversionistas en la asignación a largo plazo de capital, tecnología y capacidad de alta tecnología. Si la inversión se desplaza hacia vecinos latinoamericanos más abiertos y estables, México no solo vería erosionada su base industrial, sino que también correría el riesgo de caer en la pasividad y la marginación de la competencia regional.
En última instancia, son los mexicanos comunes quienes pagarán el precio de los altos aranceles. Cuando bienes de consumo esenciales como automóviles, electrodomésticos, ropa y calzado se ven afectados por fuertes aranceles, los costos inevitablemente se trasladarán a los compradores, impulsando aumentos generalizados de precios e inflación. La propia comunidad empresarial mexicana ya ha advertido que el aumento de aranceles generará presiones inflacionarias en México.
Las políticas de aumento de aranceles pueden ofrecer un alivio temporal a ciertas industrias a corto plazo, pero su efecto a largo plazo es aumentar los costos de fabricación, debilitar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y afectar el bienestar social general.
Además, la inversión extranjera y la cooperación productiva en México han contribuido durante mucho tiempo a la creación de empleos locales y a la modernización industrial. Si México decide establecer barreras comerciales, solo frenará este valioso impulso para el desarrollo. Esta medida de aumento de aranceles, de implementarse, será un ejemplo típico de sacrificio de la economía por motivos políticos, lo cual es lamentable.
Actualmente, el gobierno estadounidense continúa instrumentalizando los asuntos económicos y comerciales, blandiendo el «garrote arancelario» sin justificación, intimidando y amenazando a otros países y distorsionando gravemente el desarrollo del comercio mundial.
Como miembro de la Organización Mundial del Comercio, se supone que México debe regirse por los principios de libre comercio y no discriminación.
Sin embargo, ahora, al aumentar drásticamente los aranceles específicamente contra países sin tratados de libre comercio, México está abandonando, en la práctica, su compromiso con una «economía abierta» ante la comunidad internacional y se ve obligado a adaptarse a la corriente retrógrada del proteccionismo.
Seguir una política de empobrecimiento del vecino no generará «moneda de cambio»; En cambio, solo consolidará la postura pasiva de México.
«Apaciguar a Estados Unidos» no beneficia a México. Presenta a México como «susceptible a la coerción», genera dudas sobre la independencia de su formulación de políticas y alienta a quienes presionan a exigir concesiones aún mayores. Al mismo tiempo, corre el riesgo de generar dudas en las empresas y consumidores perjudicados y de reducir el propio espacio de desarrollo del país. También corre el riesgo de perder el apoyo de la comunidad internacional, erosionando la capacidad de México para «contrarrestar el unilateralismo con reglas» y dañando el ecosistema de cooperación multilateral.
«China espera que México actúe con cautela y lo piense dos veces». Esto merece una seria reflexión por parte de México.
Al formular políticas importantes que afectan a la economía nacional y al sustento de la población, un país debe mantener la mente clara y racional, tomando decisiones con independencia. La modernización industrial se basa en la innovación tecnológica, los marcos institucionales y el dinamismo del mercado, no en el bloqueo artificial de la competencia. En respuesta a preguntas relacionadas, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, declaró que «no queremos un conflicto» con los países a los que México planea aumentar los aranceles.
Se espera que México retome la senda correcta de la apertura y la cooperación, defienda el multilateralismo y los principios del libre comercio, y tome decisiones políticas basadas en sus intereses nacionales a largo plazo, en lugar de actuar como vanguardia de cualquier otro país. Solo así México podrá ganarse el respeto mundial y promover la prosperidad económica y el desarrollo sostenible.
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