Washington DC.- Fabricantes de armas estadounidenses planean pedir a la Suprema Corte que acoja su intento de eludir una demanda del Gobierno de México por 10 mil millones de dólares, que busca responsabilizarlos de supuestamente facilitar el tráfico de armas a los cárteles de la droga a través de la frontera.
El recurso proyectado fue revelado este viernes en una audiencia judicial virtual por un abogado de Smith & Wesson Brands, después de que el mes pasado la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, anuló la decisión de un juez que desestimaba el caso.
México alega en la demanda, presentada en 2021, que las empresas socavaron sus estrictas leyes sobre armas al diseñar, comercializar y distribuir armas de asalto de estilo militar de maneras que sabían que apoyarían a los cárteles de la droga, lo que facilitó asesinatos, extorsiones y secuestros en el país latinoamericano.
El Gobierno mexicano acusa que más de 500 mil armas se trafican anualmente desde Estados Unidos a México, de las cuales más del 68 por ciento son fabricadas por las ocho empresas incluidas en el caso, entre las que también se incluyen Sturm, Ruger & Co., Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc.
México sostuvo que el contrabando ha contribuido a altas tasas de muertes relacionadas con posesión de armas, a una disminución de la inversión y la actividad económica, y a la necesidad de gastar más en seguridad pública. Las empresas niegan las acusaciones.
Andrew Lelling, abogado de Smith & Wesson, dijo en la audiencia del viernes que había una “posibilidad razonablemente buena” de que la Suprema Corte aceptara escuchar su apelación y pidió al juez de distrito Dennis Saylor que pusiera el caso en espera hasta que los jueces decidan sobre la petición.
Lelling añadió que la apelación se centraría en si los reclamos de México están vetados por una ley federal sobre comercio de armas conocida como PLCAA, que brinda a los fabricantes una extensa protección contra demandas por el uso indebido de sus productos.
“Este caso involucra un estatuto diseñado específicamente para permitir que este grupo particular de acusados eluda los costos del litigio si el caso en cuestión cae dentro del ámbito del estatuto”, sostuvo. “Esa misma cuestión sigue siendo la que está en discusión”.
La corte del Primer Circuito dictaminó el 22 de enero que si bien la ley federal puede aplicarse a demandas de otros países, el caso de México “alega plausiblemente un tipo de reclamo que está legalmente exento de la prohibición general de la PLCAA”.
Saylor dijo el viernes que tenía “algunas reservas” acerca de suspender completamente el caso en espera de una apelación ante la Suprema Corte. Sin embargo, no tomó ninguna decisión y dijo que decidiría sobre el asunto el 12 de marzo.
