¿Quién debería tomar las decisiones públicas?
Piense un momento en algo cotidiano.
Si usted tuviera que elegir a alguien para dirigir una empresa, ¿preferiría a la persona más preparada o a alguien elegido al azar? Si se tratara de un médico, un ingeniero o un maestro para sus hijos, ¿no esperaría también que hubiera demostrado capacidad para ocupar ese lugar?
En prácticamente cualquier ámbito de la vida, el mérito importa. Importa en la iniciativa privada, importa en las universidades y también importa en distintas áreas del propio sector público. No es una idea extraña: es simplemente la forma en que procuramos que las decisiones importantes las tomen personas preparadas.
De hecho, el propio Estado mexicano reconoce ese principio en varias instituciones.
La Constitución federal garantiza esquemas de servicio profesional para distintos ámbitos del Estado: para el magisterio, para la defensoría pública, para el Poder Judicial de la Federación y para la Fiscalía General de la República. En el ámbito federal también existe una Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, cuyo objetivo es asegurar que el acceso al servicio público se base en igualdad de oportunidades y en el mérito.
En Sonora ocurre algo parecido en algunos sectores. El Poder Judicial cuenta con carrera judicial; la Fiscalía General tiene su propio servicio de carrera; e incluso las instituciones policiales operan bajo esquemas obligatorios de profesionalización.
Es decir, el principio del mérito ya existe en diversas áreas del Estado.
Sin embargo, hay un ámbito donde su ausencia resulta particularmente llamativa: el gobierno municipal.
Cuando usted abre un negocio, solicita una licencia, construye una vivienda, tramita un permiso o recibe un servicio público, la autoridad con la que trata casi siempre es municipal. El municipio es, en los hechos, el primer contacto entre el Estado y la ciudadanía.
Las atribuciones que el artículo 115 de la Constitución otorga a los ayuntamientos no son menores. Incluyen decisiones sobre desarrollo urbano, uso de suelo, seguridad pública preventiva, reglamentación administrativa y administración de servicios públicos. Son decisiones complejas, con impacto directo en la vida cotidiana de las personas.
Por eso vale la pena hacerse una pregunta sencilla: cuando una autoridad municipal decide si su negocio puede operar, si una obra se autoriza o si se impone una sanción administrativa, ¿qué esperamos de quien toma esa decisión?
¿Que esté improvisando… o que tenga la preparación suficiente para hacerlo correctamente?
Curiosamente, desde el año 2001 la Ley de Gobierno y Administración Municipal de Sonora, expedida en el contexto de las reformas al artículo 115 de la Constitución Federal que fortalecieron el régimen municipal, ya contemplaba la necesidad de establecer un servicio civil de carrera para los ayuntamientos. Incluso fijó un plazo para que el Congreso del Estado emitiera la ley correspondiente que estableciera las bases de organización, funcionamiento y evaluación de ese sistema.
Ese plazo se fijó en un año.
Han pasado 22 años y esa legislación sigue sin existir.
La consecuencia es evidente: mientras que en otras áreas del Estado se han construido mecanismos para asegurar profesionalización y estabilidad institucional, en el ámbito municipal muchas decisiones siguen dependiendo más de circunstancias políticas que de estándares técnicos.
Y cuando eso ocurre, las consecuencias también son previsibles: actos administrativos mal fundamentados, reglamentos deficientes, procedimientos vulnerables y resoluciones que terminan anuladas por los tribunales.
La improvisación en el servicio público no es gratuita.
Por supuesto, el mérito no significa elitismo ni exclusión. No se trata de cerrar el acceso al servicio público, sino de asegurar que quienes ocupan ciertos cargos cuenten con las capacidades necesarias para ejercerlos.
Porque cuando usted acude al municipio para resolver un problema, tramitar un permiso o defender un derecho, hay una pregunta inevitable.
¿Preferiría encontrar a alguien improvisando…
o a alguien que realmente sabe lo que está haciendo?
Al final, el mérito no protege a los funcionarios públicos.
Protege a la ciudadanía de la improvisación.
Jesús Ruiz Encinas
Abogado, Maestro en Administración Pública y
especialista en técnica legislativa y derecho municipal
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