Por Lic. Jesús Ruiz
Cada vez que se habla de pensiones de personas servidoras públicas, la discusión se vuelve emocional.
Se piensa en montos elevados, en privilegios, en desigualdad.
Se piensa en historias que indignan: personas que trabajaron toda su vida y reciben pensiones limitadas, frente a otras que, desde el servicio público, alcanzan montos que parecen fuera de proporción. También se piensa en prácticas que durante años se normalizaron: incrementos salariales en los últimos tramos de la carrera que elevan artificialmente el ingreso base para calcular la pensión.
Y el problema no termina ahí.
Los sistemas de pensiones enfrentan una presión creciente por el aumento en la expectativa de vida. Cada vez más personas viven más años, y eso implica mayores obligaciones financieras para el Estado. En ese contexto, distorsionar el cálculo de las pensiones no solo genera percepciones de injusticia, sino que también profundiza la insostenibilidad del sistema.
No es solo cuánto se paga, sino cuánto tiempo se paga… y bajo qué reglas.
Frente a ello, el derecho no es ajeno. Existen mecanismos para revisar y sancionar estas conductas: nulidad de actos indebidos, responsabilidades administrativas e incluso consecuencias penales cuando hay un beneficio indebido con recursos públicos. El problema no es la falta de herramientas, sino su aplicación efectiva.
Porque cuando el Estado no corrige las distorsiones que él mismo permite, no solo compromete sus finanzas: compromete la confianza en sus instituciones.
Pero vale la pena detenernos un momento.
¿De verdad el problema está en el monto final…o en cómo se llegó a ese monto?
Porque el problema no empieza al final de la carrera de una persona servidora pública.
Empieza mucho antes.
Durante años, se diseñaron esquemas que permitían calcular pensiones con base en el último salario o bajo condiciones especiales para ciertos cargos. En muchos casos, sin reglas uniformes y sin sistemas sólidos que garantizaran que el acceso y la permanencia en esos cargos estuvieran basados en mérito.
Y aquí la discusión cambia.
No se trata solo de cuánto recibe alguien al retirarse, sino de qué tan sólido fue el sistema que permitió llegar a ese punto.
Cuando las reglas son débiles, los resultados también lo son.
Hoy se habla de limitar pensiones y de hacer los sistemas más sostenibles. Es una discusión válida, pero incompleta si no se revisa el origen del problema.
Hay un elemento que rara vez se menciona: cómo se construyen las trayectorias dentro del servicio público.
Donde existen sistemas de carrera, el desarrollo profesional suele vincularse a evaluaciones, capacitación y experiencia. Donde no existen, las trayectorias dependen más de factores políticos o discrecionales.
Y entonces la pregunta cambia:
Cuando las decisiones públicas afectan la vida de todas y todos, ¿qué tipo de sistema queremos detrás?
¿Uno basado en preparación y reglas claras…o uno que dependa de circunstancias?
Las pensiones no son más que la consecuencia final de un sistema.
Si el sistema es sólido, los resultados tienden a ser razonables.
Si el sistema es débil, los resultados tienden a ser cuestionados.
Por eso, limitar pensiones puede ser necesario, pero no suficiente.
La discusión de fondo es otra: cómo construir instituciones que funcionen mejor desde el inicio, con reglas claras, procesos transparentes y personas servidoras públicas que lleguen y permanezcan por mérito.
Porque al final, el debate no es solo financiero. Es institucional.
Y quizá la pregunta más importante es esta:
¿Queremos seguir corrigiendo los efectos…o empezar por las causas?
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