Una pequeña agencia federal encargada de proteger al público de las lesiones causadas por cortadoras de césped y cafeteras está exigiendo que algunos de los sistemas de salud más grandes del país entreguen historiales médicos detallados y con información personal identificable de todos los pacientes que buscan ayuda en sus salas de emergencia.
La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC, por sus siglas en inglés), responsable de rastrear y retirar del mercado productos peligrosos vendidos en EE.UU., comenzó este año a presionar discretamente a los directivos de hospitales para que compartieran datos de salud personales con un contratista privado. Sin embargo, abogados de hospitales y otros expertos del sector han cuestionado la autoridad de la agencia para recopilar dicha información, su capacidad para salvaguardar tal cantidad de datos confidenciales y si ha seguido el proceso legal para modernizar su sistema de vigilancia.
Después de que KFF Health News le preguntara a la CPSC sobre el nuevo sistema, la agencia anunció el programa el 21 de julio. Sin embargo, no se mencionó que encendió las alarmas entre los directivos de los hospitales, ni se especificó la naturaleza y el alcance de las exigencias de datos de la agencia.
En un giro radical respecto a su misión centrada en el producto, el objetivo de la agencia es obtener los historiales médicos de millones de estadounidenses procedentes de visitas a urgencias por la mayoría de las lesiones, desde una fractura hasta una reacción a una vacuna infantil o incluso un intento de suicidio, según indican documentos y correos electrónicos obtenidos por KFF Health News, así como entrevistas con cinco personas implicadas o familiarizadas con las conversaciones.
En un giro radical respecto a su misión centrada en el producto, el objetivo de la agencia es obtener los historiales médicos de millones de estadounidenses procedentes de visitas a urgencias por la mayoría de las lesiones, desde una fractura hasta una reacción a una vacuna infantil o incluso un intento de suicidio, según indican documentos y correos electrónicos obtenidos por KFF Health News, así como entrevistas con cinco personas implicadas o familiarizadas con las conversaciones.
Las autoridades federales de salud pública no pueden obligar legalmente a que se informen los datos médicos privados. Sin embargo, funcionarios de la CPSC han sugerido, tanto en público como en privado, que si los hospitales se niegan a compartir datos con el nuevo sistema de vigilancia, podrían ser objeto de severas sanciones en virtud de una normativa sobre el intercambio de datos conocida como “bloqueo de información”.
Sin embargo, algunos directivos de hospitales afirman que se muestran reacios a compartir los datos confidenciales de los pacientes porque les preocupa otra violación: la de la ley federal de privacidad.
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