La crisis de derechos humanos en los centros de detención de Estados Unidos ha encendido las alarmas a nivel internacional. Tras el reciente fallecimiento de un ciudadano mexicano bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California, Amnistía Internacional (AI) lanzó un enérgico llamado al Estado mexicano para que mantenga una postura “firme y sostenida” en la defensa de sus connacionales.
El pronunciamiento de la organización surge como respuesta a la exigencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien demandó una investigación “inmediata y exhaustiva” sobre el deceso ocurrido en el Centro de Procesamiento de Adelanto. Hasta el momento, el hermetismo de las autoridades estadounidenses ha prevalecido: ni la identidad de la víctima ni las causas exactas del fallecimiento han sido reveladas de forma pública, lo que alimenta las sospechas de negligencia.
Amnistía Internacional subrayó que no basta con notas diplomáticas aisladas. “Llamamos al Estado mexicano a continuar impulsando acciones que garanticen la protección efectiva, el acceso a la verdad y la rendición de cuentas”, señaló el organismo, enfatizando que la protección consular debe ser una prioridad absoluta frente a un sistema que parece operar con impunidad.
Un patrón de muerte y tácticas paramilitares
La tragedia en Adelanto no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia alarmante. Según reportes, el año pasado cerró con la fatídica cifra de siete mexicanos muertos bajo custodia de ICE, el número más alto desde la creación de la agencia. Este 2026 ha comenzado de forma aún más violenta; tan solo en las primeras dos semanas del año, se registraron seis decesos adicionales en centros de detención que han sido descritos como inseguros y carentes de transparencia.
La situación en las calles no es menos grave. Defensores de derechos humanos denuncian que ICE ha intensificado el uso de tácticas de estilo paramilitar. En ciudades como Minneapolis, la violencia ha escalado al punto de ejecuciones extrajudiciales, como los casos de la trabajadora social Renee Macklin Good y el ciudadano Alex Pretti, ambos ultimados por agentes migratorios mientras documentaban operativos en sus comunidades.
Ante este escenario de militarización de las leyes migratorias, la Cancillería mexicana informó que ha activado los protocolos de asistencia a través del Consulado en San Bernardino. Sin embargo, la presión de organizaciones civiles apunta a una revisión sistémica.
El gobierno de México ha prometido solicitar formalmente cuentas sobre las condiciones de reclusión, buscando frenar una maquinaria de detención que, según AI, está separando familias y violando el debido proceso de miles de inmigrantes.
Información de La Opinión
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